Pide no erosionar uno de los principales activos del país: la disciplina fiscal
Ante la reciente aprobación en el Congreso de la República del Perú de iniciativas que
incrementan el gasto público sin fuentes de financiamiento —como aquella que
contempla un aumento anual de S/ 11,400 millones destinado a salarios y pensiones—
así como propuestas que afectan la inversión privada, entre ellas la modificación del
régimen de concesiones mineras, la Asociación de Exportadores (ADEX) expresa lo
siguiente:

1. Llamado a la responsabilidad legislativa
   Exhortamos al Parlamento a abstenerse de promover y aprobar iniciativas sin sustento
   técnico ni evaluación fiscal rigurosa. Los S/ 11,400 millones anuales anunciados
   corresponden principalmente a gasto corriente —incluyendo mayores pensiones y
   beneficios laborales en el sector público, como los del régimen CAS— lo que generará
   obligaciones permanentes y presiones crecientes sobre las finanzas del Estado.
2. Riesgos para la inversión y la seguridad jurídica
   Alertamos que la modificación de la Ley General de Minería y del régimen de
   concesiones mineras (proyecto de ley N.° 13497/2025-CR) introduce señales de
   incertidumbre jurídica que afectan la inversión privada, pilar fundamental del crecimiento
   económico del país. Esta situación podría, además, incentivar la expansión de
   actividades informales e ilegales, con impactos negativos en la recaudación y el orden
   productivo.
3. Uso responsable de los recursos públicos
   Expresamos nuestra preocupación por el anuncio del Poder Ejecutivo de otorgar un aval
   del Estado por US$ 2,000 millones a favor de Petroperú, sin que se hayan resuelto sus
   problemas estructurales. Cualquier respaldo financiero debe estar estrictamente
   condicionado a reformas profundas de gestión, transparencia y sostenibilidad operativa.
4. Defensa de la estabilidad macroeconómica
   Advertimos que, en conjunto, estas decisiones representan un riesgo significativo para la
   estabilidad económica y el crecimiento sostenible del país, al debilitar uno de sus
   principales activos: la disciplina fiscal, base de la confianza de inversionistas y
   ciudadanos.
5. Acciones institucionales
   En coordinación con otros actores de la sociedad civil, ADEX evaluará la presentación de
   una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de

salvaguardar el principio de responsabilidad fiscal y dejar sin efecto aquellas leyes que la
vulneren.
El Perú ha construido, durante las últimas décadas, una posición destacada en la región
sobre la base de la solidez macroeconómica, la apertura al comercio y la promoción de
la inversión privada. Debilitar estos pilares no solo afecta la confianza, sino que
compromete la generación de empleo formal y el desarrollo sostenible del país.

San Borja, 8 de abril del 2026