Dr. Josué Gutiérrez: “Se hace imprescindible avanzar con la titulación de tierras para las comunidades, que permita potenciar sus recursos y crear oportunidades económicas sostenibles”.
Por: Raúl Vela C.
– Doctor Josué Gutiérrez, ¿cómo están coordinando las diferentes instituciones del Estado para garantizar la seguridad de los defensores del medio ambiente que están siendo asesinados en manos de los traficantes de madera y mineros ilegales?
– Es imperativo que las instituciones del Estado trabajen de manera articulada para garantizar la seguridad de los defensores ambientales. En ese sentido, resulta prioritario que los sectores de Justicia, Interior, Medio Ambiente y Cultura coordinen a fin de implementar medidas efectivas de protección preventiva y de fortalecimiento de los mecanismos de respuesta inmediata frente a situaciones de riesgo. Para ello se requiere reforzar y efectivizar los sistemas de alerta temprana y los protocolos de atención.
Para la Defensoría del Pueblo, existen dos escenarios de especial preocupación: las víctimas y sus familias. Respecto a los deudos, particularmente aquellos menores de edad que han quedado huérfanos debido a estos crímenes, es crucial que el Estado asuma un rol activo para garantizar su bienestar y oportunidades de desarrollo. Esto implica asegurarle acceso a la educación, salud, apoyo psicológico, así como a la implementación de programas específicos que mitiguen el impacto de la pérdida en sus vidas. No podemos permitir que estos menores queden abandonados y no tengan las mismas oportunidades de salir adelante como el resto de los otros chicos que tienen a sus padres vivos.
Una medida clave para abordar esta problemática es la creación de un registro nacional de personas defensoras de derechos humanos, que permitan visibilizar a quienes se encuentran en primera línea de defensa de nuestros recursos naturales y diseñar políticas públicas adecuadas para garantizar su protección. Esto permitirá monitorear su situación y priorizar acciones integrales que aseguren su vida e integridad y la de su familia.
Faltan políticas públicas
– ¿Se están tomando medidas para asegurar que las iniciativas del Estado, como el acceso a créditos o programas de apoyo, lleguen realmente a los pequeños agricultores y comunidades rurales?
– Nuestro país, con su vasta diversidad cultural y natural, está lleno de grandes oportunidades. Sin embargo, lo que aún nos falta es el diseño de políticas públicas claras y eficaces que permitan promover la inversión privada, y a través de ella, se fomenten mejores sistemas de producción en nuestras comunidades. Por eso se hace imprescindible avanzar con la titulación de tierras para las comunidades, identificar sus fortalezas, y comprender tanto sus ámbitos forestales, como su capacidad de producción en actividades pecuarias y agrícolas. Este enfoque integral permitirá potenciar sus recursos y crear oportunidades económicas sostenibles. Por ejemplo, especies de agua dulce como el paiche, la gamitana, boquichico, zúngaro, entre otros, que abundan en la Amazonía y que son altamente valoradas en mercados internacionales, constituyen un enorme potencial que aún como país no estamos aprovechando adecuadamente.
De igual forma, tenemos que brindar a las comunidades la oportunidad de desarrollar hectáreas destinadas a la reforestación y actividades maderables sostenibles, sin comprometer la biodiversidad, el cual podría convertirse en una fuente significativa de sustento económico. Este tipo de iniciativas no solo contribuirían a la generación de ingresos, sino que también fortalecerían la conservación de los bosques y la expansión de cultivos, promoviendo un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. Es imprescindible que estas actividades sean inclusivas, sostenibles y en la línea de la protección a la biodiversidad.
Registro Nacional de Defensoras de DD. HH: Es necesario este registro para visibilizar a quienes se encuentran en primera línea de defensa de nuestros recursos naturales y diseñar políticas públicas adecuadas para garantizar su protección.
Ley forestal
– ¿Cómo responde la Defensoría del Pueblo que usted dirige a las preocupaciones de los gobiernos regionales amazónicos y los productores que afirman que la nueva ley forestal fue aprobada sin consulta previa? ¿Qué acciones se están tomando para garantizar que se respete su derecho a ser consultados?
– Esta ley que fue subrogada y que estuvo vigente tantos años le encargó al Ministerio del Ambiente trabajar la zonificación que permita a los defensores medioambientales, a las instituciones públicas a ser más cautelosos con la presencia del hombre en la afectación de la biodiversidad. Son temas que resultan oportunas tratarlas y cualquier fórmula legal que se pueda tratar debe ser siempre dentro de las perspectivas de la protección de la biodiversidad y la población.
– ¿Entonces usted considera que la ley forestal no es buena como afirman muchos defensores del medioambiente?
– Como usted comprenderá muchas comunidades nativas dirán que ya no pueden utilizar nada del bosque. Ni siquiera un árbol para hacer sus casas como era antes. La norma tal como está no es mala ni buena, es perfectible desde el punto de vista del hombre con una perspectiva del cuidado del medioambiente y del aprovechamiento racional de los recursos naturales.
– ¿De qué manera la Defensoría del Pueblo está vigilando que la ley forestal no afecte negativamente los derechos de los pequeños productores y las comunidades amazónicas, especialmente en términos de acceso a sus tierras y recursos naturales?
– Hemos sostenido muchas reunionesde trabajo con las comunidades nativas, quienes han manifestado que toda norma relacionada con sus territorios y recursos naturales deben ser sometidas previamente a consulta previa. Este proceso no solo es un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, sino también una herramienta crucial para garantizar que las leyes no perjudiquen su hábitat, su cultura ni las actividades económicas que desarrollan.
Sin embargo, consideramos que debiera haber nichos para desarrollar algunas actividades de manera sostenible y racional asegurando que no se genere un impacto negativo en el medioambiente ni en las condiciones de vida de las comunidades.
– Dada la importancia de la consulta previa en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ¿qué medidas recomendaría la Defensoría para asegurar que futuras leyes relacionadas con los bosques y el medio ambiente cuenten con la participación activa de las comunidades locales?
– Uno de los principales desafíos radica en la falta de vocerías adecuadas dentro de las comunidades, lo que complica establecer una línea de trabajo común y efectiva, particularmente en los procesos de convocatoria y diálogo con sus integrantes.
Consulta previa: Este proceso no solo es un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, sino también una herramienta crucial para garantizar que las leyes no perjudiquen su hábitat, su cultura ni las actividades económicas que desarrollan.
Frente a ello, desde la Defensoría del Pueblo estamos redoblando nuestras capacidades humanas y técnicas para garantizar que los acuerdos alcanzados reflejen la voluntad de las comunidades indígenas. El compromiso es trabajar de manera cercana y respetuosa, promoviendo el fortalecimiento de sus liderazgos y vocerías para que puedan participar plenamente en la toma de decisiones que afectan sus territorios y recursos.
Falta vocerías: Para enfrentar esta problemática, desde la Defensoría del Pueblo estamos redoblando nuestras capacidades humanas y técnicas para garantizar que los acuerdos alcanzados reflejen la voluntad de las comunidades indígenas.
34 defensores ambientales asesinados
De acuerdo con el Observatorio de Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en lo que va de la década 34 defensores ambientales fueron asesinados, siendo el último el ocurrido la noche del 19 de abril, cuando el agricultor y guardaparques indígenas Victorio Dariquebe Gerewa fue asesinado mientras se dirigía desde Queros, su comunidad, hacia el centro poblado de Pillcopata, del distrito de Kosñipata, departamento del Cusco.
Incremento de la deforestación
El portal Geobosques del Ministerio del Ambiente revela que la deforestación en el país en 2021 era de 137 976 h, y en 2022 de 146 575 h. Es decir, de un año a otro, hubo un incremento del 11 %.