• Según la Fundación Global Witness, el Perú ocupa el sexto lugar de países más peligrosos para los defensores ambientales. En lo que va de este gobierno, más de 50 defensores ambientales han sido asesinados.
• Representantes de los pueblos costeros, andinos y amazónicos exigen la creación de escaños en el Congreso reservados para los representantes de los pueblos originarios que velen por sus derechos.

En el marco del Tercer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y del Medio Ambiente, representantes de 21 regiones del país elaboraron una agenda de demandas al Estado, centrada en la defensa de la vida, la justicia, los territorios y el rescate de la democracia.

Los defensores/as ambientales de comunidades andinas, costeras y amazónicas alzaron su voz para denunciar el abandono del Estado y la grave crisis de derechos humanos que enfrentan quienes protegen los territorios y los recursos naturales del país.

Los defensores/as denunciaron la grave situación de riesgo de sus vidas que sufren por el crecimiento de economías ilegales (minería, narcotráfico y tala) en todo el territorio nacional así como exigieron el cese inmediato de la criminalización, hostigamiento judicial y la impunidad de los asesinatos cometidos contra los defensores/as así como sanciones ejemplares para los funcionarios, policías, jueces y fiscales cómplices o responsables de estos abusos.

Los representantes alertaron que desde el quiebre democrático en diciembre de 2022, la ola de crímenes contra los defensores y defensoras ambientales se elevó y el Estado los ha dejado a su suerte dado que el Mecanismo de Protección para defensores es inexistente puesto que carece de presupuesto y no cuenta con una participación efectiva para protegerlos.

Elsa Merma, defensora de los derechos humanos y representante andina, dio su testimonio como mujer de campo y defensora ambiental de los problemas que enfrenta: “A nivel nacional somos perseguidos, sacrificados y sacados de nuestras tierras. En los territorios donde hay extractivismo ya sea por minería ilegal, artesanal o formal, hay problemas. Los recursos que tenemos se los llevan manchados de sangre”.

Regiones como Ucayali, Madre de Dios y Amazonas enfrentan una situación más alarmante donde alrededor de 226 defensores enfrentan amenazas de muerte, hostigamiento judicial y ataques armados debido al avance de actividades ilícitas como la minería ilegal, la tala indiscriminada y el narcotráfico, situación que se agrava por la ausencia del Estado en esos territorios.

El representante de los pueblos originarios de la región amazónica, Rolando Escobar, relató que actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el derrame de petróleo está dividiendo a la población y destruyendo su ecosistema, así como los recursos forestales y fauna silvestre.

“Somos los que cuidamos mejor nuestros recursos forestales, sin embargo cuando hay amenazas de invasión territorial, sentimos el abandono del Estado que hace la entrega sistemática de la región a las economías criminales y extractivas. Prueba de ello son los más de 35 líderes indígenas y defensores ambientales asesinados en la región amazónica. Uno de ellos es nuestro hermano Edwin Chota, cuyo crimen sigue impune”, expresó.

Olivia Biza, representante de la Región Amazónica por Loreto, preguntó en la conferencia de prensa ¿cuál era el delito que cometen los defensores/as para ser asesinados?

“Lo único que hacemos es defender la vida a futuro, garantizando la existencia de la humanidad mediante el respeto al medio ambiente. No somos criminales ni terroristas, somos protectores de la vida. Basta ya a la criminalización y asesinatos. Necesitamos que el Estado garantice jurídicamente y ejecute las normas que están a favor del cuidado de nuestro medio ambiente. Que deje de dar doble discurso en otros países diciendo que protegen la Amazonía y la biodiversidad, cuando es todo lo contrario”, expresó la líder ambientalista Olivia Biza.

Los defensores también exigen la derogatoria inmediata de todas las leyes anti-derechos como lo son la ley antiforestal, la ley REINFO, la ley de despojo territorial, la nueva ley APCI y demás normativas que amenazan la vida de las comunidades nativas y sus territorios.

Como un cambio estructural clave, los defensores ambientales exigen la creación de escaños en el Congreso reservados para los representantes de los pueblos originarios, esto con el fin de garantizar su representación directa en el Parlamento. De igual manera, el reconocimiento legal de las comunidades campesinas ancestrales y marino-costeras como pueblos originarios, para que cuenten con los instrumentos del derecho internacional, como el Acuerdo de Escazú, para la defensa de sus derechos y territorios.
Enlace de video de conferencia de prensa: https://www.facebook.com/100075956557144/videos/693284763532661