Ante la alerta por la posible llegada del Fenómeno del Niño Costero, la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO) solicitó al Gobierno declarar en emergencia al sector agropecuario para salvaguardar la producción de alimentos y atender la situación económica de miles de familias rurales.

En un pronunciamiento público, el gremio advirtió que las intensas lluvias ya vienen generando daños en infraestructura hídrica, caminos rurales y extensas áreas de cultivo, alterando el ciclo productivo en distintas regiones del país.

Según CONVEAGRO, la afectación de tierras agrícolas compromete seriamente la seguridad alimentaria y repercute directamente en los ingresos de pequeños y medianos productores, quienes enfrentan pérdidas económicas crecientes.

Impacto en el campo

Las precipitaciones no solo afectan zonas urbanas y servicios básicos, sino también sistemas de riego, canales, reservorios y vías de acceso que permiten sacar la producción al mercado. En muchas localidades, el deterioro de la infraestructura agrícola limita la continuidad de las campañas y encarece los costos de transporte.

“La afectación de las tierras de cultivo compromete la producción de alimentos y repercute directamente en la economía de los productores agropecuarios”, subraya el comunicado.

Exigen respuesta inmediata del Estado

En este contexto, CONVEAGRO demandó acciones urgentes al Ejecutivo y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), planteando un paquete de siete medidas prioritarias:

1. Acciones multisectoriales inmediatas para mitigar los efectos del posible Niño Costero en los próximos meses.
2. Agilizar la implementación del Seguro Agrario Catastrófico (SAC) para atender a los productores afectados.
3. Otorgar un bono de asistencia agraria con carácter productivo y de capitalización.
4. Facilidades para el pago de deudas ante el Banco Agropecuario y el sistema financiero.
5. Generación de empleos temporales rurales, priorizando trabajos en caminos y en infraestructura agrícola e hídrica.
6. Reconstrucción y mantenimiento urgente de infraestructura productiva dañada.
7. Compras estatales de productos agrícolas nacionales, en cumplimiento de la Ley 31071, para destinarlos a programas de asistencia a damnificados, especialmente en sectores vulnerables.

Riesgo para la producción y la economía rural

El gremio enfatizó que la declaratoria de emergencia permitiría movilizar recursos de manera rápida y focalizada, evitando un mayor deterioro de la producción agrícola y garantizando el abastecimiento de alimentos en el país.

La situación, advirtieron, exige una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno, con el fin de proteger no solo las campañas agrícolas en curso, sino también la estabilidad económica de miles de familias que dependen directamente del agro.