Comunidad Andina podría aplicar medidas de restricción comercial a principales productos de nuestra canasta exportadora, afectando a industriales y mypes.

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República viene debatiendo un dictamen que ampliaría por dos años la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y reincorporaría a miles de mineros informales excluidos del padrón. Esta medida representa un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal, hoy convertida en la principal economía ilícita del país, y contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Perú en el marco de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal promovida por la Comunidad Andina (CAN).

 La Secretaría General de la CAN concluyó que el Estado peruano ha favorecido la expansión de la minería ilegal mediante sucesivas prórrogas del REINFO, vulnerando la normativa comunitaria y debilitando la institucionalidad ambiental. La Secretaría General advierte que mantener este esquema de impunidad impide implementar mecanismos efectivos de trazabilidad y control ambiental.

El incumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en la CAN puede ameritar una serie de sanciones, entre ellas la restricción comercial con los países de este bloque, lo que afectará gravemente la canasta exportadora de la industria y mypes nacionales.

A ello se suma la sentencia del Tribunal Constitucional, que critica el rotundo fracaso del REINFO y dispone que los poderes del Estado se abstengan de aprobar normas que consagran la exención de responsabilidad penal, administrativa y civil por delitos ambientales, beneficio del que actualmente gozan los mineros informales con REINFO. Además, el Tribunal exhorta a establecer un régimen permanente que regule las actividades de la MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala), y no un eterno proceso de formalización, que debe ser excepcional.

Por todo ello, exhortamos al Congreso de la República a no aprobar la propuesta de ampliación del REINFO y, en su lugar, promover una minería artesanal y de pequeña escala formal y sostenible, con estándares adecuados en materia ambiental, laboral y de seguridad de sus trabajadores.

Asimismo, invocamos al Poder Ejecutivo a involucrarse activamente en este proceso, articulando esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la gobernanza ambiental y erradicar las economías ilegales, como sucede en la minería, pesca, forestal y otros.